Según el último informe expedido por ProBogotá “Nuevas tecnologías e innovación en la industria de transporte público individual”, el negocio de taxis en Bogotá, además de informal y billonario, no está controlado. Se estima que anualmente los taxis mueven $2,9 billones de los cuales solo 1,2% es registrado debidamente por cuenta de las empresas afiliadoras, es decir que 98% del mercado es informal y no declara impuestos. Entonces, si el Gobierno hiciera bien la tarea, se daría cuenta de que en aplicaciones como Cabify encontraría la manera de darle formalidad al sector, ya que, entre otras cosas, la plataforma exige la afiliación a seguridad social de los trabajadores.

Los conductores (personas naturales independientes) reciben sus pagos a través de giros electrónicos a sus cuentas bancarias. El Gobierno, si así lo quisiera, podría utilizar esta información para velar por el cumplimiento de cotizaciones en seguridad social, salud, pensión, declaración de renta si corresponde, entre otros. En Cabify por ejemplo revisan que los conductores paguen su seguridad social todos los meses.

Las plataformas tecnológicas, aparte de traer la transparencia al sector, le estamos abriendo, a los conductores, las puertas al sistema financiero apoyando además la bancarización de un buen porcentaje de la fuerza laboral de las ciudades donde operamos.

Las carreras de taxi, por otro lado, se pagan en su gran mayoría en efectivo y a su vez los taxistas reciben un “sueldo” en efectivo. De esta manera, el porcentaje de taxistas que sí declara sus ingresos es mínimo y, sin saberlo, se pierden de beneficios como el acceso a un crédito de vivienda o estudio.

Lo mismo sucede en otras industrias donde plataformas como Rappi, Domicilios.com, Merqueo, Mercadoni, Mensajeros Urbanos, entre muchas otras, están trayendo a miles de personas en Colombia a la formalidad, es decir, trabajadores que, ya sea llevando mercados, comida o documentos, se encuentran afiliados y cotizantes al sistema de seguridad social integral.

Infortunadamente, desde el año pasado, está sobre la mesa un proyecto de ley que propone que empresas como Cabify, Domicilios.com, Mercadoni, Rappi, Mi Águila, Merqueo, Uber y Mensajeros Urbanos se vean obligadas a pagar la mitad de la seguridad social de estas personas aún cuando estén vinculadas a través de convenios de colaboración u otras figuras legales que no funcionan como contrato laboral debido a que su naturaleza no encaja en la figura de subordinación.

De llegar a hacerse realidad el proyecto de ley en mención, como consecuencia saldrían del mercado varias empresas que operan bajo este mismo modelo que está diseñado para intermediar un servicio conectando a quienes lo necesitan con quienes lo pueden prestar; los conductores, quienes se vinculan como asociados que colaboran según sus necesidades y disponibilidad de tiempo prestando un servicio independiente.

No es razonable entonces que sean justo las empresas que están ayudando a formalizar a miles de personas las que hoy se encuentren en la mira del gobierno y estén siendo juzgadas como respuesta y complacencia a un gremio que se niega a entrar en la onda de innovación que tanto necesita el país.

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